Esta es la nueva categoría “jurídico-legislativa” a la que nos estamos acostumbrando. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se pronunció con este término ante la falta de resolución de la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político al fiscal, Washington Pesántez.
El empate de cinco votos a favor del juicio y cinco en contra de que continúe el proceso empantanó cualquier solución. Es decir, ni procede el juicio, ni se archiva, en palabras de Cordero: “está en el Limbo”.
Y como no estarlo, si no se permitió la aplicación del artículo 15 del Reglamento de Comisiones que valida el voto dirimente de la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, para que el juicio político no quede en el “limbo jurídico” o en la indefinición.
Sin temor a equivocarme, este caso dejó de ser un proceso jurídico y se convirtió en un tema político, porque los votos se calcularon en función del golpe de efecto, tanto para la oposición como para el partido de Gobierno. Lamentablemente, los asambleístas de la Comisión se viciaron de posiciones partidistas que no les permitió analizar de manera más sesuda y “objetiva” el valor de su voto.
Un claro ejemplo es el cambio de posición de Pamela Falconí, denominado por muchos como “El Pamelazo”. Hay que recordar que Falconí fue una de las 58 asambleístas que firmó, el pasado 26 de enero, a favor de la destitución inmediata del Fiscal, cuando un sin número de fiscales provinciales suscribieron un comunicado a favor de Pesántez por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrada su esposa, sin embargo, al momento de votar decidió hacerlo a favor del archivo del proceso.
Además, la abstención de Marco Morillo también dejó sin asidero la iniciativa de fiscalización del Pleno de la Asamblea. Las pruebas que presentaron cuatro legisladores de Alianza País en contra de Pesántez, para este asambleísta, no fueron suficientes para que su voto sea a favor de que continúe el proceso, pero tampoco las pruebas de descargo, presentadas por el Fiscal, fueron suficientes para que se decida a votar para que se archive el proceso.
Al igual que muchos ecuatorianos, esperaba que el juicio político, que no necesariamente implica censura y destitución, se realice para que el Fiscal General de la Nación demuestre su honestidad y probidad, creo que era la única salida para demostrarle al país que la Revolución Ciudadana de Alianza País se realiza con manos limpias.
Sin embargo, no hay que olvidar que el artículo 131 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podrá enjuiciar a los ministros de Estado o a las máximas autoridades de las instituciones públicas durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haber terminado sus funciones. Esto para aquellos que alegan que el juicio político no es necesario ya que Pesántez dejaría la fiscalía en dos o tres meses.
Pero más allá de lo jurídico o lo legal, la falta de ética y moral en la que incurren los asambleístas es evidente, por eso están ¡EN EL LIMBO!
El empate de cinco votos a favor del juicio y cinco en contra de que continúe el proceso empantanó cualquier solución. Es decir, ni procede el juicio, ni se archiva, en palabras de Cordero: “está en el Limbo”.
Y como no estarlo, si no se permitió la aplicación del artículo 15 del Reglamento de Comisiones que valida el voto dirimente de la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, para que el juicio político no quede en el “limbo jurídico” o en la indefinición.
Sin temor a equivocarme, este caso dejó de ser un proceso jurídico y se convirtió en un tema político, porque los votos se calcularon en función del golpe de efecto, tanto para la oposición como para el partido de Gobierno. Lamentablemente, los asambleístas de la Comisión se viciaron de posiciones partidistas que no les permitió analizar de manera más sesuda y “objetiva” el valor de su voto.
Un claro ejemplo es el cambio de posición de Pamela Falconí, denominado por muchos como “El Pamelazo”. Hay que recordar que Falconí fue una de las 58 asambleístas que firmó, el pasado 26 de enero, a favor de la destitución inmediata del Fiscal, cuando un sin número de fiscales provinciales suscribieron un comunicado a favor de Pesántez por el accidente de tránsito en el que estuvo involucrada su esposa, sin embargo, al momento de votar decidió hacerlo a favor del archivo del proceso.
Además, la abstención de Marco Morillo también dejó sin asidero la iniciativa de fiscalización del Pleno de la Asamblea. Las pruebas que presentaron cuatro legisladores de Alianza País en contra de Pesántez, para este asambleísta, no fueron suficientes para que su voto sea a favor de que continúe el proceso, pero tampoco las pruebas de descargo, presentadas por el Fiscal, fueron suficientes para que se decida a votar para que se archive el proceso.
Al igual que muchos ecuatorianos, esperaba que el juicio político, que no necesariamente implica censura y destitución, se realice para que el Fiscal General de la Nación demuestre su honestidad y probidad, creo que era la única salida para demostrarle al país que la Revolución Ciudadana de Alianza País se realiza con manos limpias.
Sin embargo, no hay que olvidar que el artículo 131 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podrá enjuiciar a los ministros de Estado o a las máximas autoridades de las instituciones públicas durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haber terminado sus funciones. Esto para aquellos que alegan que el juicio político no es necesario ya que Pesántez dejaría la fiscalía en dos o tres meses.
Pero más allá de lo jurídico o lo legal, la falta de ética y moral en la que incurren los asambleístas es evidente, por eso están ¡EN EL LIMBO!
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