LAS INCAUTACIONES EN EL CASO FILANBANCO
Según el diccionario, incautación se refiere al “Principio por el que el Estado puede ocupar coactivamente empresas mercantiles o industriales, o bien apropiarse del capital privado, ya sea para controlar e intervenir en la gestión empresarial, justificando esta actitud por motivos de interés general”. Esta acepción nos permite entender claramente la esencia de la acción que ha realizado la AGD ante los bienes de la familia Isaís, deudora de más de 600 millones de dólares según la Junta Bancaria.
Nuestro país está siendo observado por muchos organismos internacionales desde que Rafael Correa asumió el poder, ya sea por su discurso de izquierda a inicios de su campaña electoral en la que proponía la revisión de la Base de Manta, o por su falta de definición en lo referente al accionar de las FARC en la frontera colombo ecuatoriana. Sin embargo, las incautaciones realizadas a las 195 empresas de la familia Isaías, llamó la atención sobre manera ya que entre estas empresas constan varios medios de comunicación: TV Cable, Cable Noticias, TC y Gamavisión.
Las primeras voces disidentes, se referían a que esta es una jugada política en función de réditos electoreros ya que en septiembre el pueblo ecuatoriano deberá acudir a las urnas para pronunciarse por el SI o por el NO al proyecto de Nueva Constitución que se redactó en Montecristi. Las denuncias dirigidas a que el Gobierno utilice estos medios con fines electorales encendieron las pasiones y desbordaron los discursos. Pero más allá del juego político es necesario revisar el caso desde sus inicios para poder apreciar y juzgar con mayores detalles la magnitud de las acciones.
Es necesario señalar que en diciembre de 1998 cuando se produjo el desfalco económico al Estado, y por ende al pueblo ecuatoriano, los partidos políticos y los gurús de la economía, del derecho y finanzas no protestaron ni reclamaron de todos los asientos contables fraudulentos en el libro diario del banco y mucho menos de los bienes sobrevalorados y de los fideicomisos conformados para favorecer a los responsables directos del desfalco.
ANTECEDENTES
Después del fallecimiento de Nahín Isaías Barquet el 02 de septiembre de 1985, William y Roberto Isaías asumieron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de Filanbanco. Nahín Isaías fue secuestrado por miembros del grupo guerrillero y revolucionario Alfaro Vive Carajo (AVC), el 07 de agosto. Murió en la operación de rescate perpetrada por la Policía Nacional ordena por León Febres Cordero Presidente de la República de ese entonces (1984 – 1988). Este grupo insurgente fue exterminado en manos del escuadrón volante, por estos hechos hoy por hoy se ha conformado una comisión de la verdad a fin de aclarar algunos crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese gobierno.
La AGD es creada el 1 de septiembre de 1998 por decisión parlamentaria con el objetivo de garantizar los depósitos de la banca ecuatoriana. Bajo este esquema Filanbanco el 03 de septiembre de 1998 paso a manos de la AGD para que se hiciera cargo del reembolso a más de 700 mil depositantes. Durante el primer semestre de 1999 diez entidades bancarias mas solicitaron el apoyo del Estado para la devolución del dinero a todos sus clientes (Progreso, Popular, Préstamos, Finagro, Azuay, Unión, Bancomex, Tungurahua, Crédito y Solbanco). El total del perjuicio al Estado ecuatoriano superó los 8 mil millones de dólares, miles de historias de familias ecuatorianas que lo perdieron todo por causa de un manejo irresponsable, corrupto y cómplice de los organismos de control y del presidente Jamil Mahuad que en marzo de 1999, inconstitucionalmente permitió que los bancos se apropien de los depósitos de sus clientes y, peor aún de sus cuentas corrientes.
El momento que Filanbanco pasa a manos del Estado ecuatoriano las pérdidas sumaban 4,3 billones de sucres, es decir, 661 millones de dólares. Este valor es el que se quiere recuperar a través de las incautaciones, si bien es cierto después de 10 años y en un ambiente electoral, en el que todos se ponen a pensar y elucubrar las verdaderas intenciones del Gobierno, no hay que desmerecer la valentía y la voluntad política de hacerlo. Me pregunto: ¿Si no es hoy, cuándo se realizará el cobro del atraco más grande a los ecuatorianos?
Acaso debemos seguirle haciendo el juego a la familia Isaías a fin de que se sigan enriqueciendo con el dinero del pueblo ecuatoriano, por que no debemos olvidar que todas las empresas constituidas por el grupo durante estos últimos diez años les han dado ingresos onerosos y no han tenido el pudor de llegar a un acuerdo con el Estado para poder pagar la deuda, por el contrario, descaradamente solicitaron el 04 de marzo de 2001 la devolución de los activos amortizados, más conocido como “El Vuelto”.
BIENES DETERIORADOS
Los bienes incautados por la AGD, desde 1999 se encontraron en total abandono y deterioro: 26 edificios desvalijados, bananeras, florícolas y haciendas destruidas. Lo peor de todo es que muchas de las propiedades incautadas se encontraban invadidas por gente pagada por los mismos dueños de los bancos en saneamiento, es decir, no querían devolver todo el dinero que les robaron a los depositantes y al Estado.
Por otro lado las instituciones financieras a cargo de la AGD no fueron supervisadas durante cuatro años por ningún organismo de control. La Contraloría General del Estado y la Superintendecia de Bancos deslindaron responsabilidad alguna argumentando en el primer caso que su labor de control se rige específicamente a los organismos públicos ¿acaso éstas instituciones no eran del Estado? y en el segundo caso manifestaron que son juez de cuentas y no tiene competencia para inmiscuirse en los procedimientos de los administradores de las instituciones financieras en saneamiento, simplemente se lavaron las manos y no asumieron la responsabilidad en cuanto al control que cada organismos debía hacer a todas estas empresas que ya eran parte del Estado por haber sido incautadas para recuperar el dinero de los depositantes.
Además, en la AGD se enquistaron las mafias corruptas y burocráticas que tramitaban de forma dolosa la desaparición de documentos que respaldaban el cobro a los deudores. De esta forma esta entidad estatal se convirtió en un fortín de irregularidades y actos de corrupción inimaginables que perjudicaron a los depositantes y obviamente al Estado ecuatoriano.
Desde el año 98 en el que fue creada la AGD muchos juristas y demás interesados en desprestigiar el accionar legal de la institución empezaron a cuestionar la forma en la que se llevaba a cabo el cobro de las deudas. Específicamente se referían a la aplicación del juicio coactivo sin respetar las normas legales.
No podía ser de otra manera, a la cabeza de estas voces de protesta se encontraban las Cámaras de Guayaquil, representada por Alberto Dassum. No debemos olvidarnos el parentesco del señor Dassum con la familia Isaís. Alegaban la violación constitucional del Art. 33 de la Carta Magna que prohibía la confiscación de bienes. Es decir, no aprobaban que se cobre a los deudores de una u otra forma, pero si aprobaban que esos dineros de los depositantes los asuma el Estado como inversión o gasto social, en pocas palabras que se les condone las deudas a los banqueros y por su parte los depositantes pierdan su dinero buscando de esta forma hacer el atraco más descarado y funesto en la historia económica del Ecuador.
EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS
Esta frase tan satanizada, y muchas de las veces temeraria, en el caso específico de la labor de cobro de la AGD, se aplica sin lugar a dudas. Es cierto que puede ser utilizada de forma errónea todas las facultades de recuperación de cartera que le otorgó la Ley especial AGD, pero también es cierto que se debe correr el riesgo para no permitir que la impunidad y la viveza de unos cuantos banqueros y empresarios corruptos se beneficien a costo de los más desprotegidos, y sobre todo, de los mejores pagadores y trabajadores honestos que confiaron su dinero de muchos años de trabajo en la banca ecuatoriana.
La entidad de cobro debe contar con nuestro apoyo dentro del margen de la Ley y el derecho a fin de que no se atropellen y ensucie el buen nombre de todas aquellas personas que por la crisis financiera no pudieron cumplir con sus obligaciones pero que tienen toda la buena intención de cancelar sus haberes. Sin embargo, debemos ser fuertes y solidarios contra todo ese gran número de malos empresarios y banqueros que lo único que buscan es enriquecerse de forma fraudulenta y a costillas del pueblo.
Los abogados de la familia Isaías y grupos interesados en confundir a la opinión pública para desprestigiar la acción de recuperación de los dineros adeudados al Estado acusan a la AGD y al SRI de no saber a ciencia cierta que empresas pertenecen al grupo Isaías ya que un organismo plantea que son 200 y el otro apenas 159. La AGD presentó los requisitos para que todos aquellos que creen que el Estado se equivocó y están siendo perjudicados con las incautaciones les sean devueltos sus bienes. Sin embargo, se pretende hacer de esta labor un escudo de protección para los deudores y de desprestigio para el Gobierno ecuatoriano.
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Según el diccionario, incautación se refiere al “Principio por el que el Estado puede ocupar coactivamente empresas mercantiles o industriales, o bien apropiarse del capital privado, ya sea para controlar e intervenir en la gestión empresarial, justificando esta actitud por motivos de interés general”. Esta acepción nos permite entender claramente la esencia de la acción que ha realizado la AGD ante los bienes de la familia Isaís, deudora de más de 600 millones de dólares según la Junta Bancaria.
Nuestro país está siendo observado por muchos organismos internacionales desde que Rafael Correa asumió el poder, ya sea por su discurso de izquierda a inicios de su campaña electoral en la que proponía la revisión de la Base de Manta, o por su falta de definición en lo referente al accionar de las FARC en la frontera colombo ecuatoriana. Sin embargo, las incautaciones realizadas a las 195 empresas de la familia Isaías, llamó la atención sobre manera ya que entre estas empresas constan varios medios de comunicación: TV Cable, Cable Noticias, TC y Gamavisión.
Las primeras voces disidentes, se referían a que esta es una jugada política en función de réditos electoreros ya que en septiembre el pueblo ecuatoriano deberá acudir a las urnas para pronunciarse por el SI o por el NO al proyecto de Nueva Constitución que se redactó en Montecristi. Las denuncias dirigidas a que el Gobierno utilice estos medios con fines electorales encendieron las pasiones y desbordaron los discursos. Pero más allá del juego político es necesario revisar el caso desde sus inicios para poder apreciar y juzgar con mayores detalles la magnitud de las acciones.
Es necesario señalar que en diciembre de 1998 cuando se produjo el desfalco económico al Estado, y por ende al pueblo ecuatoriano, los partidos políticos y los gurús de la economía, del derecho y finanzas no protestaron ni reclamaron de todos los asientos contables fraudulentos en el libro diario del banco y mucho menos de los bienes sobrevalorados y de los fideicomisos conformados para favorecer a los responsables directos del desfalco.
ANTECEDENTES
Después del fallecimiento de Nahín Isaías Barquet el 02 de septiembre de 1985, William y Roberto Isaías asumieron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de Filanbanco. Nahín Isaías fue secuestrado por miembros del grupo guerrillero y revolucionario Alfaro Vive Carajo (AVC), el 07 de agosto. Murió en la operación de rescate perpetrada por la Policía Nacional ordena por León Febres Cordero Presidente de la República de ese entonces (1984 – 1988). Este grupo insurgente fue exterminado en manos del escuadrón volante, por estos hechos hoy por hoy se ha conformado una comisión de la verdad a fin de aclarar algunos crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese gobierno.
La AGD es creada el 1 de septiembre de 1998 por decisión parlamentaria con el objetivo de garantizar los depósitos de la banca ecuatoriana. Bajo este esquema Filanbanco el 03 de septiembre de 1998 paso a manos de la AGD para que se hiciera cargo del reembolso a más de 700 mil depositantes. Durante el primer semestre de 1999 diez entidades bancarias mas solicitaron el apoyo del Estado para la devolución del dinero a todos sus clientes (Progreso, Popular, Préstamos, Finagro, Azuay, Unión, Bancomex, Tungurahua, Crédito y Solbanco). El total del perjuicio al Estado ecuatoriano superó los 8 mil millones de dólares, miles de historias de familias ecuatorianas que lo perdieron todo por causa de un manejo irresponsable, corrupto y cómplice de los organismos de control y del presidente Jamil Mahuad que en marzo de 1999, inconstitucionalmente permitió que los bancos se apropien de los depósitos de sus clientes y, peor aún de sus cuentas corrientes.
El momento que Filanbanco pasa a manos del Estado ecuatoriano las pérdidas sumaban 4,3 billones de sucres, es decir, 661 millones de dólares. Este valor es el que se quiere recuperar a través de las incautaciones, si bien es cierto después de 10 años y en un ambiente electoral, en el que todos se ponen a pensar y elucubrar las verdaderas intenciones del Gobierno, no hay que desmerecer la valentía y la voluntad política de hacerlo. Me pregunto: ¿Si no es hoy, cuándo se realizará el cobro del atraco más grande a los ecuatorianos?
Acaso debemos seguirle haciendo el juego a la familia Isaías a fin de que se sigan enriqueciendo con el dinero del pueblo ecuatoriano, por que no debemos olvidar que todas las empresas constituidas por el grupo durante estos últimos diez años les han dado ingresos onerosos y no han tenido el pudor de llegar a un acuerdo con el Estado para poder pagar la deuda, por el contrario, descaradamente solicitaron el 04 de marzo de 2001 la devolución de los activos amortizados, más conocido como “El Vuelto”.
BIENES DETERIORADOS
Los bienes incautados por la AGD, desde 1999 se encontraron en total abandono y deterioro: 26 edificios desvalijados, bananeras, florícolas y haciendas destruidas. Lo peor de todo es que muchas de las propiedades incautadas se encontraban invadidas por gente pagada por los mismos dueños de los bancos en saneamiento, es decir, no querían devolver todo el dinero que les robaron a los depositantes y al Estado.
Por otro lado las instituciones financieras a cargo de la AGD no fueron supervisadas durante cuatro años por ningún organismo de control. La Contraloría General del Estado y la Superintendecia de Bancos deslindaron responsabilidad alguna argumentando en el primer caso que su labor de control se rige específicamente a los organismos públicos ¿acaso éstas instituciones no eran del Estado? y en el segundo caso manifestaron que son juez de cuentas y no tiene competencia para inmiscuirse en los procedimientos de los administradores de las instituciones financieras en saneamiento, simplemente se lavaron las manos y no asumieron la responsabilidad en cuanto al control que cada organismos debía hacer a todas estas empresas que ya eran parte del Estado por haber sido incautadas para recuperar el dinero de los depositantes.
Además, en la AGD se enquistaron las mafias corruptas y burocráticas que tramitaban de forma dolosa la desaparición de documentos que respaldaban el cobro a los deudores. De esta forma esta entidad estatal se convirtió en un fortín de irregularidades y actos de corrupción inimaginables que perjudicaron a los depositantes y obviamente al Estado ecuatoriano.
Desde el año 98 en el que fue creada la AGD muchos juristas y demás interesados en desprestigiar el accionar legal de la institución empezaron a cuestionar la forma en la que se llevaba a cabo el cobro de las deudas. Específicamente se referían a la aplicación del juicio coactivo sin respetar las normas legales.
No podía ser de otra manera, a la cabeza de estas voces de protesta se encontraban las Cámaras de Guayaquil, representada por Alberto Dassum. No debemos olvidarnos el parentesco del señor Dassum con la familia Isaís. Alegaban la violación constitucional del Art. 33 de la Carta Magna que prohibía la confiscación de bienes. Es decir, no aprobaban que se cobre a los deudores de una u otra forma, pero si aprobaban que esos dineros de los depositantes los asuma el Estado como inversión o gasto social, en pocas palabras que se les condone las deudas a los banqueros y por su parte los depositantes pierdan su dinero buscando de esta forma hacer el atraco más descarado y funesto en la historia económica del Ecuador.
EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS
Esta frase tan satanizada, y muchas de las veces temeraria, en el caso específico de la labor de cobro de la AGD, se aplica sin lugar a dudas. Es cierto que puede ser utilizada de forma errónea todas las facultades de recuperación de cartera que le otorgó la Ley especial AGD, pero también es cierto que se debe correr el riesgo para no permitir que la impunidad y la viveza de unos cuantos banqueros y empresarios corruptos se beneficien a costo de los más desprotegidos, y sobre todo, de los mejores pagadores y trabajadores honestos que confiaron su dinero de muchos años de trabajo en la banca ecuatoriana.
La entidad de cobro debe contar con nuestro apoyo dentro del margen de la Ley y el derecho a fin de que no se atropellen y ensucie el buen nombre de todas aquellas personas que por la crisis financiera no pudieron cumplir con sus obligaciones pero que tienen toda la buena intención de cancelar sus haberes. Sin embargo, debemos ser fuertes y solidarios contra todo ese gran número de malos empresarios y banqueros que lo único que buscan es enriquecerse de forma fraudulenta y a costillas del pueblo.
Los abogados de la familia Isaías y grupos interesados en confundir a la opinión pública para desprestigiar la acción de recuperación de los dineros adeudados al Estado acusan a la AGD y al SRI de no saber a ciencia cierta que empresas pertenecen al grupo Isaías ya que un organismo plantea que son 200 y el otro apenas 159. La AGD presentó los requisitos para que todos aquellos que creen que el Estado se equivocó y están siendo perjudicados con las incautaciones les sean devueltos sus bienes. Sin embargo, se pretende hacer de esta labor un escudo de protección para los deudores y de desprestigio para el Gobierno ecuatoriano.
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2 comentarios:
Cabe agregar.
Cree usted que justo pensar que lo que ah pasado no fue otro nuevo feriado bancario y sin hacer sonar las piedras.?
yo opino que volvieron abrir la yaga y la hicieron herida
digo aqui hay de por medio varias palabras claves, años,devaluacion, retroactivos, engaño, ilusiones, sucres, dolares.y de mas
es preciso decir que es un grato honor decir no quedo impune se hizo justicia, pero dentro de diez largos años cuando el sucre como moneda valia y mantenia a nuestras familias. devaluacion totalmente las personas que eran muchas tenian doscientos mil sucres que ahora equivale a ocho devaluados dolares y asi muchas no existe retroactivo alguno es justo que una persona se ilucione por tan poco ahora pero el la AGD por medio del el gobierno si hace una incautacion billonaria e iluciona en tiempo de campaña a este pobre pueblo falta de conocimiento mi pregunta es se justifica o no ? no es una burla para todos los pobres ecuatorianos recuerden ya no exixte el sucre, se perdio ya no sirve y gracias a nuestro señor presidente el dolar no nos alcanza por la bendita inflacion por favor esto lo hubiese hecho antes la AGD ahora que pena ya no nos sirve de nada esto es como el bono de la miseria y el sueldo basico que no cubre ni la cuarta parte de la canasta basica. gracias.
EL ATRACO BANCARIO Y SU VISION DESDE LA PRENSA.
La opinión de la mayoría se decantaba por adecuar la libertad de expresión al marco político, "exigirle un respeto", y cada cual proponía a continuación su particular reforma del marco político para que éste respondiera cada vez más al ideal de "justicia". Y no fue extraño escuchar de las voces más variadas preguntas retóricas –e instigadoras. “Atentado contra la libertad de expresión”.
La propuesta – de "adecuar" la libertad de expresión al marco que impere– ya se aplica impecablemente, como en los viejos tiempos, y lo hemos visto: la democracia permite someter el derecho de libertad de expresión al marco político de la forma más arbitraria, o dicho con otras palabras, pero más honestamente, a los intereses del poder económico.
La segunda –analizar qué sistema es más justo– es bastante más compleja. Es cierto que hay diferencias de grado entre Presidencialismo y Democracia, hoy que está de moda hablar de concentración de poderes, que podríamos considerar, ya que sería conveniente preguntarnos bajo qué sistema salimos perdiendo un poco menos, la alternativa entre presidencialismo y democracia se refiere a dos tipos imperfectos de orden social.
Porque fijarnos en si el ladrón es guapo o feo, antiguo o popular, es un despiste grave. Fijarnos en los matices de las invocaciones a los mitos Patrum Patriae (¿el monarca heredero de la cognición intangible del destino histórico de la Nación o el aristoi democrático e ilustrado que conoce el bien común?), olvidando que las comunidades imaginarias andersonianas son sólo eso, imaginación, es un despiste peor. Lo relevante es la cuantía malversada: si analizamos la situación racionalmente, preferiremos que nos robe $10 un desconocido que $ 30 un señor que ha elegido la comunidad.
No obstante, estas diferencias teóricas dejan de tener sentido cuando analizamos nuestra situación presente. Se equivocan los que plantean la disyuntiva entre Presidencialismo y Democracia, ya es tarde para eso.
La ventaja propia más clara del Presidencialismo es, como hemos visto, la fuerte conciencia de clase.
Ya que ahora no hay diferencias sustanciales entre el banquero y un ladrón de la calle, lo único que nos queda es avivar y promover esa conciencia de clase, ladrones contra robados. Que comprendan los Isaías y todos los demás que también a ellos pueden cortarles la cabeza.
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