24 de octubre de 2008

NO HAY QUINTO MALO

El movimiento Alianza País está pensando en este aforismo, sin temor a equivocarme, con miras a las elecciones del próximo año en las que, seguramente, el presidente de la república Rafael Correa, será el candidato insigne de la lista 35 para la reelección y así poder culminar el proyecto de una patria nueva, altiva y soberana, propuesta en su plan de campaña en el 2006.

En miras a un inminente triunfo, en la contienda electoral del 2009, el partido de gobierno alista sus mejores cuadros políticos, los mismos que saldrán de las elecciones primarias, buscando dar un buen ejemplo y cumplimiento a la Nueva Carta Magna que en el artículo 108 plantea esta modalidad como una forma incluyente y democrática de participación dentro de los partidos políticos o movimientos sociales.

Después de los cuatro triunfos electorales en seguidilla, con porcentajes altos de votación, la “Revolución Ciudadana” a decir de sus miembros, se afianza más que nunca. Sin embargo, es necesario revisar la evolución cronológica de sus logros y la aceptación en las urnas a fin de evidenciar la consolidación o variación en sus seguidores.

1.- Su primera victoria fue el 26 de noviembre del 2006, venció en segunda vuelta al magnate Álvaro Noboa con 13 por ciento de diferencia. Rafael Correa recibió el 56 por ciento de los votos.
2.- El “SÍ” rotundo, con un 82 por ciento de aceptación, en la consulta popular del 15 de abril del 2007 para la instalación de la Asamblea Constituyente aseguraba su segunda triunfo electoral.
3,- La tercera victoria sucedió el domingo 30 de septiembre del 2007, esta terminó de enterrar a los partidos políticos tradicionales, la lista 35 de Alianza País obtuvo 79 escaños de 130 representantes para redactar la Carta Magna en Montecristi.
4.- Y el 64 por ciento de los electores que votaron a favor del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución el 28 de septiembre del 2008, consolidaron el liderazgo político de Rafael Correa.

En estos cuatro procesos electorales, la media de respaldo en las urnas para el gobierno es del 70 por ciento, cifras envidiables que cualquier político le gustaría tener, en especial si estas se han mantenido durante dos años de mandato. De ahí radica la responsabilidad del presidente Correa, el respaldo y la confianza otorgada por el pueblo ecuatoriano no debe ser traicionada.

La quinta contienda electoral será en febrero del 2009, ahí se volverán a medir las fuerzas la “partidocracia” y Alianza País. El triunfo de este último depende de varios aciertos políticos: la operatividad del congresillo como ente de legislación, el cumplimiento de la entrega de todos los beneficios sociales como el bono de la pobreza, de vivienda etc. y la coalición con los sectores que le han respaldado hasta ahora.

Si bien es cierto, el Gobierno goza de buena salud, no está por demás tomar ciertas precauciones con los factores exógenos, entre estos: la crisis económica mundial y la inestabilidad en el precio del petróleo.

También, todos los ecuatorianos tenemos la obligación de estar atentos y vigilantes al accionar político para respaldar, proponer y criticar las decisiones del régimen en cuanto afecten a la mayoría de los ciudadanos que habitamos en este país.

16 de septiembre de 2008

EL FESTÍN DE LA FAMILIA ISAÍAS

LAS INCAUTACIONES EN EL CASO FILANBANCO


Según el diccionario, incautación se refiere al “Principio por el que el Estado puede ocupar coactivamente empresas mercantiles o industriales, o bien apropiarse del capital privado, ya sea para controlar e intervenir en la gestión empresarial, justificando esta actitud por motivos de interés general”. Esta acepción nos permite entender claramente la esencia de la acción que ha realizado la AGD ante los bienes de la familia Isaís, deudora de más de 600 millones de dólares según la Junta Bancaria.

Nuestro país está siendo observado por muchos organismos internacionales desde que Rafael Correa asumió el poder, ya sea por su discurso de izquierda a inicios de su campaña electoral en la que proponía la revisión de la Base de Manta, o por su falta de definición en lo referente al accionar de las FARC en la frontera colombo ecuatoriana. Sin embargo, las incautaciones realizadas a las 195 empresas de la familia Isaías, llamó la atención sobre manera ya que entre estas empresas constan varios medios de comunicación: TV Cable, Cable Noticias, TC y Gamavisión.

Las primeras voces disidentes, se referían a que esta es una jugada política en función de réditos electoreros ya que en septiembre el pueblo ecuatoriano deberá acudir a las urnas para pronunciarse por el SI o por el NO al proyecto de Nueva Constitución que se redactó en Montecristi. Las denuncias dirigidas a que el Gobierno utilice estos medios con fines electorales encendieron las pasiones y desbordaron los discursos. Pero más allá del juego político es necesario revisar el caso desde sus inicios para poder apreciar y juzgar con mayores detalles la magnitud de las acciones.

Es necesario señalar que en diciembre de 1998 cuando se produjo el desfalco económico al Estado, y por ende al pueblo ecuatoriano, los partidos políticos y los gurús de la economía, del derecho y finanzas no protestaron ni reclamaron de todos los asientos contables fraudulentos en el libro diario del banco y mucho menos de los bienes sobrevalorados y de los fideicomisos conformados para favorecer a los responsables directos del desfalco.

ANTECEDENTES

Después del fallecimiento de Nahín Isaías Barquet el 02 de septiembre de 1985, William y Roberto Isaías asumieron la presidencia y vicepresidencia ejecutiva de Filanbanco. Nahín Isaías fue secuestrado por miembros del grupo guerrillero y revolucionario Alfaro Vive Carajo (AVC), el 07 de agosto. Murió en la operación de rescate perpetrada por la Policía Nacional ordena por León Febres Cordero Presidente de la República de ese entonces (1984 – 1988). Este grupo insurgente fue exterminado en manos del escuadrón volante, por estos hechos hoy por hoy se ha conformado una comisión de la verdad a fin de aclarar algunos crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese gobierno.

La AGD es creada el 1 de septiembre de 1998 por decisión parlamentaria con el objetivo de garantizar los depósitos de la banca ecuatoriana. Bajo este esquema Filanbanco el 03 de septiembre de 1998 paso a manos de la AGD para que se hiciera cargo del reembolso a más de 700 mil depositantes. Durante el primer semestre de 1999 diez entidades bancarias mas solicitaron el apoyo del Estado para la devolución del dinero a todos sus clientes (Progreso, Popular, Préstamos, Finagro, Azuay, Unión, Bancomex, Tungurahua, Crédito y Solbanco). El total del perjuicio al Estado ecuatoriano superó los 8 mil millones de dólares, miles de historias de familias ecuatorianas que lo perdieron todo por causa de un manejo irresponsable, corrupto y cómplice de los organismos de control y del presidente Jamil Mahuad que en marzo de 1999, inconstitucionalmente permitió que los bancos se apropien de los depósitos de sus clientes y, peor aún de sus cuentas corrientes.

El momento que Filanbanco pasa a manos del Estado ecuatoriano las pérdidas sumaban 4,3 billones de sucres, es decir, 661 millones de dólares. Este valor es el que se quiere recuperar a través de las incautaciones, si bien es cierto después de 10 años y en un ambiente electoral, en el que todos se ponen a pensar y elucubrar las verdaderas intenciones del Gobierno, no hay que desmerecer la valentía y la voluntad política de hacerlo. Me pregunto: ¿Si no es hoy, cuándo se realizará el cobro del atraco más grande a los ecuatorianos?

Acaso debemos seguirle haciendo el juego a la familia Isaías a fin de que se sigan enriqueciendo con el dinero del pueblo ecuatoriano, por que no debemos olvidar que todas las empresas constituidas por el grupo durante estos últimos diez años les han dado ingresos onerosos y no han tenido el pudor de llegar a un acuerdo con el Estado para poder pagar la deuda, por el contrario, descaradamente solicitaron el 04 de marzo de 2001 la devolución de los activos amortizados, más conocido como “El Vuelto”.

BIENES DETERIORADOS

Los bienes incautados por la AGD, desde 1999 se encontraron en total abandono y deterioro: 26 edificios desvalijados, bananeras, florícolas y haciendas destruidas. Lo peor de todo es que muchas de las propiedades incautadas se encontraban invadidas por gente pagada por los mismos dueños de los bancos en saneamiento, es decir, no querían devolver todo el dinero que les robaron a los depositantes y al Estado.

Por otro lado las instituciones financieras a cargo de la AGD no fueron supervisadas durante cuatro años por ningún organismo de control. La Contraloría General del Estado y la Superintendecia de Bancos deslindaron responsabilidad alguna argumentando en el primer caso que su labor de control se rige específicamente a los organismos públicos ¿acaso éstas instituciones no eran del Estado? y en el segundo caso manifestaron que son juez de cuentas y no tiene competencia para inmiscuirse en los procedimientos de los administradores de las instituciones financieras en saneamiento, simplemente se lavaron las manos y no asumieron la responsabilidad en cuanto al control que cada organismos debía hacer a todas estas empresas que ya eran parte del Estado por haber sido incautadas para recuperar el dinero de los depositantes.

Además, en la AGD se enquistaron las mafias corruptas y burocráticas que tramitaban de forma dolosa la desaparición de documentos que respaldaban el cobro a los deudores. De esta forma esta entidad estatal se convirtió en un fortín de irregularidades y actos de corrupción inimaginables que perjudicaron a los depositantes y obviamente al Estado ecuatoriano.

Desde el año 98 en el que fue creada la AGD muchos juristas y demás interesados en desprestigiar el accionar legal de la institución empezaron a cuestionar la forma en la que se llevaba a cabo el cobro de las deudas. Específicamente se referían a la aplicación del juicio coactivo sin respetar las normas legales.

No podía ser de otra manera, a la cabeza de estas voces de protesta se encontraban las Cámaras de Guayaquil, representada por Alberto Dassum. No debemos olvidarnos el parentesco del señor Dassum con la familia Isaís. Alegaban la violación constitucional del Art. 33 de la Carta Magna que prohibía la confiscación de bienes. Es decir, no aprobaban que se cobre a los deudores de una u otra forma, pero si aprobaban que esos dineros de los depositantes los asuma el Estado como inversión o gasto social, en pocas palabras que se les condone las deudas a los banqueros y por su parte los depositantes pierdan su dinero buscando de esta forma hacer el atraco más descarado y funesto en la historia económica del Ecuador.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

Esta frase tan satanizada, y muchas de las veces temeraria, en el caso específico de la labor de cobro de la AGD, se aplica sin lugar a dudas. Es cierto que puede ser utilizada de forma errónea todas las facultades de recuperación de cartera que le otorgó la Ley especial AGD, pero también es cierto que se debe correr el riesgo para no permitir que la impunidad y la viveza de unos cuantos banqueros y empresarios corruptos se beneficien a costo de los más desprotegidos, y sobre todo, de los mejores pagadores y trabajadores honestos que confiaron su dinero de muchos años de trabajo en la banca ecuatoriana.

La entidad de cobro debe contar con nuestro apoyo dentro del margen de la Ley y el derecho a fin de que no se atropellen y ensucie el buen nombre de todas aquellas personas que por la crisis financiera no pudieron cumplir con sus obligaciones pero que tienen toda la buena intención de cancelar sus haberes. Sin embargo, debemos ser fuertes y solidarios contra todo ese gran número de malos empresarios y banqueros que lo único que buscan es enriquecerse de forma fraudulenta y a costillas del pueblo.

Los abogados de la familia Isaías y grupos interesados en confundir a la opinión pública para desprestigiar la acción de recuperación de los dineros adeudados al Estado acusan a la AGD y al SRI de no saber a ciencia cierta que empresas pertenecen al grupo Isaías ya que un organismo plantea que son 200 y el otro apenas 159. La AGD presentó los requisitos para que todos aquellos que creen que el Estado se equivocó y están siendo perjudicados con las incautaciones les sean devueltos sus bienes. Sin embargo, se pretende hacer de esta labor un escudo de protección para los deudores y de desprestigio para el Gobierno ecuatoriano.








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